españa

Adoptada

Directiva europea relativa a la protección de los denunciantes de irregularidades – España

«Protección de las personas que
informen sobre infracciones del derecho de la Unión»

LEER (SP)

Actualizado el 23 Febrero 2023

Protección de los informantes en vigor

Antes de la introducción de la Directiva

La protección de los informantes era muy limitada en España. No existía una legislación uniforme y las personas que informaban sobre su lugar de trabajo estaban expuestas a todo tipo de represalias.

Estado actual de aplicación

Tras ser aprobado por el Congreso de los Diputados el 30 de diciembre de 2022, el Senado español anunció su aprobación del Proyecto de Ley Reguladora de la Protección a las Personas Denunciantes de Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción el 9 de febrero de 2023.

Tras su aprobación por el Senado, el proyecto enmendado y la versión final de la ley se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de febrero de 2023.

La nueva ley entrará en vigor 20 días después de su publicación.

Nuevas obligaciones

En virtud de la nueva ley de denuncia de irregularidades, todas las entidades privadas con al menos 50 empleados están obligadas a establecer un sistema interno de alerta de irregularidades.

Alcance ampliado de material y personal

La Ley relativa a la denuncia de irregularidades tiene por objeto proteger a las personas que, en el ejercicio de su trabajo o profesión, detectan infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las informan a través de un sistema de alerta interno o externo. La Ley de Denuncias abarca los delitos graves y las infracciones administrativas importantes, y protege a quienes los denuncian.

La ley de denuncia de irregularidades cubre y protege:

  • Personas vinculadas a entidades públicas o privadas, incluidas las que han finalizado su actividad, voluntarios, becarios y solicitantes de empleo.
  • Los que ayudan a los informantes y los que corren el riesgo de sufrir represalias.

Otras obligaciones incluyen la de transmitir inmediatamente la información a la Fiscalía española cuando los hechos puedan revelar infracciones penales.

Informes externos y procesos

La Autoridad Independiente de Protección del Informante será la autoridad competente para, entre otras cosas, gestionar el canal de comunicación externo.

La ley también establece la obligación de notificar, en un plazo de diez días hábiles, el nombramiento y cese de la persona o personas responsables del sistema de denuncia.

Respecto al proceso, la nueva ley establece los siguientes plazos:

  • Acusar el recibo del informe en un plazo de siete días, a menos que ello comprometa la confidencialidad del mismo.
  • Enviar sus comentarios en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción.

Aunque el anonimato sigue siendo voluntario, los canales internos de alerta deben permitir la presentación y tramitación de quejas anónimas.

Posibilidad de utilizar sistemas de alerta centralizados (para todo el grupo)

La Ley relativa a la denuncia de irregularidades prevé la posibilidad de disponer de un sistema interno de alerta de irregularidades y de un responsable de este sistema para todo el grupo.

No existen requisitos específicos para el funcionamiento de un sistema de alerta no local (para todo el grupo). Aunque no existe ningún requisito legal para que el sistema de alerta funcione en el idioma local para que sea accesible al denunciante, los empleados (y terceros) deben poder informar de posibles irregularidades en el idioma local. Esto se entiende sin perjuicio del idioma en que se gestiona y almacena la información internamente en la entidad.

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